¿Por qué el SAU debe jugar a más de 100 km de su casa?
Un recinto moderno, inaugurado simbólicamente en 2018, con una inversión que ya bordea los $22.000 millones. Casi siete años después, sigue sin estar operativo. Ni para San Antonio Unido, ni para los atletas locales, ni para la comunidad. ¿Qué falló? ¿Por qué una obra pública de este nivel terminó atrapada en una comedia de errores que roza lo kafkiano?
En este artículo se busca responder a esas preguntas. A partir de la revisión de documentos oficiales, informes de Contraloría, sesiones parlamentarias, denuncias ciudadanas y declaraciones cruzadas, desglosamos los factores que explican uno de los fracasos más notorios de la infraestructura deportiva en Chile.
1. Diseño con fallas de origen
Desde el inicio, el proyecto tuvo problemas estructurales. Se diseñó con materiales que no cumplían los estándares actuales de seguridad, como losas colaborantes con baja resistencia al fuego y pintura intumescente de dudosa certificación. Además, el proyectista no fue considerado en la etapa de ejecución, lo que dejó sin supervisión técnica clave a la obra.
2. Fiscalización deficiente
La Dirección de Arquitectura del MOP, el Instituto Nacional del Deporte (IND) y la propia Municipalidad de San Antonio compartieron la fiscalización del proyecto. Ninguno detectó a tiempo las falencias. La Comisión Investigadora del Congreso calificó como “negligente” la actuación del exalcalde Omar Vera y su SECPLA, así como la administración liderada por Constanza Lizana, por la falta de mantención y reacción tardía.
Lo dijo la diputada Camila Rojas, presidenta de la Comisión Investigadora:“Lo ocurrido es grave y no le puede salir gratis a quienes negligentemente no tomaron las medidas o tomaron las medidas equivocadas para que se produjera este triste desenlace. (…) Desde el principio, la pintura intumescente ha demostrado ser un obstáculo en términos de resistencia y certificación. (…) La comunidad de San Antonio merece respuestas y soluciones por esta obra que se diseñó, se ejecutó y se recepcionó mal.”
3. Contradicciones normativas
La pintura contra incendios se volvió el nudo crítico. Contraloría exigió en 2022 que se cumpliera con la norma NCh3040-2007, pero en 2024 dictaminó que no era obligatoria. Esta contradicción dejó a las autoridades sin claridad operativa, retrasando la recepción definitiva.
4. Politización del conflicto
Lejos de buscar soluciones, las partes involucradas comenzaron una guerra de declaraciones. El MOP entregó las llaves por oficina de partes. La alcaldesa denunció que la entrega era unilateral e ilegal. La oposición municipal apuntó a falta de voluntad de apertura. Excolaboradores de la alcaldía denunciaron que se manipulaban imágenes para aparentar mantención del estadio. El conflicto escaló a querellas y denuncias cruzadas.
5. Desvío de recursos
El IND transfirió $1.920 millones para solucionar las observaciones. Pero según la Mesa Ciudadana por la Defensa del Estadio, gran parte de esos fondos se destinó a construir una cancha secundaria y no a las reparaciones prioritarias. En paralelo, se licitó por $900 millones la recuperación de una cancha sintética menor. Todo esto mientras el recinto principal sigue inutilizable.
6. Pérdida para la comunidad
San Antonio Unido sigue jugando en La Pintana, a 122 kilómetros de distancia. Se han perdido eventos deportivos binacionales y oportunidades de desarrollo económico para la ciudad. El estadio, que debió haber sido un motor de integración social y deportiva, se transformó en un monumento al desgobierno y la descoordinación institucional.
Un estadio, muchas lecciones
La historia del Estadio Olegario Henríquez no solo habla de cemento y acero. Habla de cómo la falta de voluntad, el centralismo, el oportunismo político y la ineficiencia administrativa pueden terminar por frustrar el sueño de una comunidad. Hoy, el costo del proyecto supera los $22 mil millones. El estadio sigue cerrado. Y las disculpas, como los avances, siguen en lista de espera.